La Fundación Adade y ADADE IURIS plantean fórmulas para el tratamiento de la problemática de las participaciones preferentes

El Grupo Asesor Adade, formado abogados, asesores fiscales, asesores laborales y auditores de cuentas, se reunió recientemente en Madrid para analizar productos bancarios que hayan incurrido en irregularidades, como las participaciones preferentes, y las actuaciones legales que pueden emprender los afectados.

Representantes de los diferentes servicios jurídicos de la Fundación Adade y ADADE IURIS se reunieron para abordar las participaciones preferentes, un problema financiero que afecta de forma masiva a miles de clientes de entidades bancarias en España.

Desde la Fundación Adade aclaran que la ausencia de una regulación efectiva en España que proteja a los pequeños inversores es el detonante de una "estafa masiva" que ha alcanzado "unas proporciones inimaginables".

Según indican fuentes de la asesoría jurídica del Grupo Asesor Adade - ADADE IURIS, la solución al conflicto socio-económico derivado de este complejo producto financiero pasaría inevitablemente porque los impulsores asumieran las responsabilidades derivadas y ofrecieran una respuesta clara a la sociedad. Solo así puede recuperarse confianza en un sistema económico mermado por el descrédito de este tipo de escándalos.

Por su parte, Javier Cremades, presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, apunta posibles salidas al conflicto como la ejecución de acciones judiciales individuales, "por ser las más indicadas a efectos de evidenciar el vicio del consentimiento", fundamento de la mayoría de demandas.

Cremades & Calvo Sotelo es el despacho responsable la defensa y servicios jurídicos de los afectados por el caso Bankia, el caso Madoff, los minoritarios de Repsol o el cierre de Spanair. Basándose en estos precedentes, Javier Cremades indica que pese a que denominador en todos estos supuestos es que el fraude afecta a miles de españoles, las acciones judiciales individuales son las más efectivas para obtener resoluciones favorables.

Cremades, no obstante, recuerda que es imprescindible que "se regule en nuestro país un mecanismo real y efectivo de acciones colectivas o de clase" para casos judiciales de esta índole. Asimismo, asevera que solo realizándose "las modificaciones legislativas necesarias para un efectiva protección de los pequeños inversores" en España, podrían prevenirse este tipo de abusos financieros.

Por su parte, la letrada de servicios jurídicos de AUSBANC Empresas, María Isabel Cámara comparó la crisis financiera provocada por estos productos bancarios con casos como los bonos estructurados o los swaps, donde estos servicios jurídicos vienen emprendiendo acciones judiciales desde 2004, las cuales han derivado en numerosas sentencias favorables a los inversores que decidieron reclamar.

Cámara ha explicado que estos productos bancarios se sustentan en una mala interpretación de los Convenios de Basilea y la MiFID, pero en realidad "las participaciones preferentes ni son participaciones, ni son preferentes".

Desde la fundación Adade, el jurista Juan Ramón Castillo incidió en que "se debe ofrecer una respuesta clara a la sociedad para que no pierda la percepción de que el sistema funciona". Recuperar la confianza en el sistema bancario requiere "asumir las responsabilidades, por parte de quien las haya tenido", dice Castillo.

De alta complejidad para la magistratura

Por su parte, el Grupo Asesor Adade celebró un seminario titulado "Producto Bancario y Participaciones Preferentes. Actuaciones legales", en dicho seminario el magistrado-presidente de la sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid, Nicolás Díaz Méndez, analizó la compleja naturaleza jurídica de estos productos.

Díez Méndez examinó diversas sentencias, algunas de las cuales habían sido emitidas por su propia sección, y señaló los distintos elementos a ponderar por los juzgadores para poder resolver las causas, así como las dificultades que la Justicia afronta para contemplar las pretensiones respecto de la inexistencia, nulidad, anulabilidad y resolución de estos contratos.

Finalmente, todas las voces de la Fundación Adade han coincido en la necesidad de una reforma legislativa que prepare no solo al sistema financiero, también a los servicios jurídicos para afrontar estafas masivas en España.