Lo más común suele ser que tales acuerdos se realicen entre Estados, aunque pueden celebrarse entre Estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratadosde 1969; los segundos, por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales de 1986.
Este tratado surgió en mayo de 1969 como una reacción a las dificultades prácticas de adelantar la integración a escala latinoamericana. Agrupó en un comienzo a Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, pero más tarde ingresó Venezuela y se retiró Chile.
No obstante, desde finales de esa década y gracias al empujón político de los propios presidentes y sobre bases más flexibles, la integración subregional andina cobró un nuevo impulso y los países asumieron compromisos tendientes a consolidar el espacio económico ampliado. Para ello, se ha buscado perfeccionar inicialmente la Zona Andina de Libre Comercio mediante la aplicación de un programa de liberación (reducción y eliminación de aranceles entre los países miembros) y la adopción de un arancel externo común (el arancel que se cobra a mercancías provenientes de terceros países) con el fin de constituir una unión aduanera.
Igualmente, se prevé un desmantelamiento progresivo de las listas de excepciones y una gradual armonización de las políticas económicas. Dentro del grupo, Colombia y Venezuela, cuyo intercambio comercial e interdependencia económica son más estrechos, han decidido profundizar y acelerar su integración binacional, proceso que se ha facilitado por razón del acercamiento que han registrado sus políticas macroeconómicas y del dinamismo que han mostrado sus economías.
A finales de 1990, Colombia, Venezuela y México establecieron un grupo de consulta y concertación sobre la situación regional que ha evolucionado hacia metas más ambiciosas de integración económica. Estas se traducen en la consolidación de una zona de libre comercio hacia finales de los años 90, incluyendo no sólo los bienes sino los servicios.
Paralelo a este fenómeno de configuración de bloques y de integración regional, se da una tendencia a la cohesión e interdependencia a escala mundial. Para apoyar este último proceso, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, se firmó un Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido por su sigla inglesa GATT (General Agreement on Trade and Tariffs). Éste fue suscrito en 1947 por 90 países, con el objeto de impulsar un ordenamiento comercial a escala mundial más abierto, estable y transparente y luchar contra el proteccionismo y la discriminación, de modo que sobre la base de una expansión del comercio, se facilite una utilización más completa y eficiente de los recursos mundiales que redunde en mayores niveles de empleo, ingreso y bienestar de la humanidad.
Concretamente, el GATT sirve de marco para la realización de rondas generales de negociaciones entre los países miembros. Cabe señalar que Colombia se adhirió al GATT en 1981. A partir de 1995, el GATT fue reemplazado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es un organismo multilateral del nivel del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este organismo busca profundizar el proceso de liberación del comercio entre Naciones para que éste contribuya en mayor medida a estimular el crecimiento económico mundial.
Entre los objetivos de la OMC están: la liberación del comercio agrícola, la eliminación de medias proteccionistas, así como el fortalecimiento de los mecanismos de solución de disputas comerciales entre las naciones. De igual manera, busca ampliar el radio de acción para el intercambio de servicios, los movimientos de capitales y la tecnología; así como, la protección del medio ambiente por actividades vinculadas con el comercio internacional, que de una u otra forma lo afecten, tomando medidas multilaterales para su cuidado.
La integración suramericana comenzó a ser realidad a partir del 1 de febrero de 2005. La confirmación de la entrada en vigor del acuerdo quedó plasmada por parte del gobierno colombiano, a través del decreto 141 de 2005, que firmó el presidente Álvaro Uribe Vélez. Este acuerdo le abre las puertas a la producción nacional colombiana para participar en un mercado de más 200 millones de habitantes (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia) y de un comercio de más de US$166.000 millones.
Este acuerdo entrará inicialmente a regir de forma bilateral con Argentina y Uruguay, países que junto con Colombia, hasta esta fecha han notificado a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), su incorporación a su normatividad interna. Se espera la pronta notificación de la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay para la entrada en vigencia.
El Acuerdo CAN-Mercosur representa una oportunidad para explorar y ampliar el comercio colombiano, gracias a que la producción nacional tendrá acceso preferencial a uno de los mercados más grandes del continente. Se contará con la obtención de insumos, materias primas y bienes de capital más baratos, permitiendo la rebaja de costos de producción y la mejora en niveles de competitividad del aparato productivo. Así, mientras los procesos de desgravación frente a Argentina y Brasil van hasta 12 años, el mercado de esos dos países se abre para Colombia mucho más rápido y en seis u ocho años, más de 80% de los productos colombianos podrán acceder libremente.
Este nuevo acuerdo, conjuntamente con los anteriores de Colombia en el marco de la CAN y el TLC con Estados Unidos, realza la ubicación geográfica del país como centro de atracción para la inversión que verá en Colombia, una plataforma productiva y exportadora a los principales mercados del continente.
La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés) es un régimen de excepción otorgado unilateralmente por los Estados Unidos al Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador para apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Fue otorgada por primera vez el 4 de diciembre de 1991 ofreciendo ingreso libre de aranceles a cerca de 5.500 productos dónde no se encontraban incluidos, entre otros, los textiles y las confecciones. Venció el 4 de diciembre de 2001. Sin embargo, desde el 7 de agosto de 2002 fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2006.